El dilema principal: ajuste fiscal, crecimiento, deuda * El regreso al modelo Kirchner y el papel de Hacienda * Congelamientos, subsidios y déficit * Tarifas, Mindlin y un tweet que enfureció al kirchnerismo * El control de las obras sociales: Ginéz vs. los Gordos * La estrategia paritaria, igual que la previsional * El malestar de Moyano * ¿Cómo afecta a Fernández la crisis de Trump con Irán? * Solá, Béliz y China * Desajustes personales

Como los autos cero kilómetro de antigua generación, el gobierno de Alberto Fernández está “en ablande”. No sólo hay ajustes conceptuales. También de relaciones personales y grupales. Es lógico: aunque él no lo termine de advertir, Fernández conduce una coalición. A continuación, un repaso por estas dificultades y ajustes, que permite ir configurando una imagen del nuevo oficialismo.

• El problema central del presidente es conseguir que la economía se reanime. Para eso, más que para cualquier otra cosa, lo votaron. Es un desafío enorme, que señalan todos los economistas como de cumplimiento muy lento. Una de las curiosidades del enfoque económico de Fernández es que, en sus líneas más profundas, coincide con el de Mauricio Macri: hay una prioridad principal que consiste en equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit fiscal. Por eso el gobierno realizó un ajuste del 1,5% del PBI, por la vía de un aumento contundente de los impuestos. Los economistas keynesianos creen que ese punto de partida, en medio de una recesión, asegura una reactivación muy lenta. O imposible. Es curioso, porque Martín Guzmán se precia de ser keynesiano. El razonamiento de estos expertos lleva a conclusiones audaces, que el actual oficialismo no está dispuesto a adoptar. La más importante es la declaración del default de la deuda. El argumento principal es el siguiente: Fernández no puede cerrar las cuentas por vía de emisión monetaria porque se expondría a un gran salto inflacionario. Puede intentar cerrarlas quitándole recursos al sector privado, que es lo que decidió. Pero ese método aumentará la recesión, en especial porque el ajuste no está acompañado de la confianza de aquellos que tienen que invertir. La deducción siguiente es: sin crecimiento el déficit fiscal seguirá sin corregirse. La única salida al laberinto sería la declaración del default. Es decir: utilizar los fondos que se van a destinar desde ahora a mayo al pago de vencimientos en dólares. Los que aconsejan este itinerario admiten que tiene un costo muy grande en el mediano plazo. Pero presenta una salida en el corto: ellos creen que el pago de vencimientos llevará a Fernández a un ajuste con un costo político altísimo para su gobierno.

• El inconveniente no termina aquí. La necesidad de no pagar los vencimientos de abril/mayo obligará a Guzmán a una negociación demasiado apresurada, que beneficiará a los acreedores. No es una cuestión anecdótica, para un oficialismo que se ufana de poner en el centro de su política la equidad. Ese acuerdo “blando” con los tenedores de bonos expondrá al gobierno a un conflicto con el FMI, con el que no se pueden realizar quitas. La negociación con el FMI se iniciaría en el último trimestre de este año, con la expectativa de reprogramar los grandes vencimientos de 2021. Esa reprogramación implicaría un programa fiscal más estricto. Los que están viendo esta jugada temen que ese programa obligue a un nuevo ajuste o, lo más probable, a una renegociación con los acreedores con los que se acaba de cerrar un acuerdo. En estos dilemas está encerrada la suerte de Fernández.

• Otro problema tiene que ver con las inversiones. Fernández volvió sobre los pasos de Néstor Kirchner. Adoptó un enfoque intervencionista, basado en congelamientos de precios y tarifas. El discurso es el del primer kirchnerismo, pre Kicillof: la iniciativa privada, no el Estado, debe estar en el centro de la economía, pero modelada por la voluntad de los funcionarios. Los congelamientos suponen, en muchos casos, subsidios. Por ejemplo, en el transporte. Esta “solución” obliga a revisar el frente fiscal. Con un desafío adicional: nadie sabe todavía si Raúl Rigo, el secretario de Hacienda, tiene el temperamento y la convicción suficientes para disciplinar al resto del gobierno en materia de gasto público. En otros casos, como el de los combustibles, los congelamientos suponen la absorción de costos por parte de las empresas.

Todavía no se conoce cuál será el tratamiento del sector eléctrico, sobre todo el de las generadoras de energía no convencional, cuyos contratos están dolarizados. ¿Habrá un subsidio o se renegociarán esos contratos? El discurso oficial impone aquí, de nuevo, un límite. Fernández se cansó de repetir que uno de los problemas principales del país es que Macri se endeudó para beneficiar a sus amigos empresarios, entre los que están los energéticos. La prueba del valor de este argumento en la base electoral oficial la ofreció un tweet de Victoria Tolosa Paz, la responsable del Programa contra el Hambre. Esa funcionaria, esposa de Enrique Albistur, uno de los mejores amigos de Fernández, publicó una foto en la que se la ve con el titular del conglomerado Pampa, Marcelo Mindlin, y uno de los directores del grupo, Pablo Díaz. Se trata de uno de los sobrevivientes de la dramática Noche de los Lápices, a quien Mindlin incorporó a su staff cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, y al que mantuvo en un discreto segundo plano durante el período macrista. La reunión divulgada por Tolosa versó sobre el aporte empresarial a la campaña contra el hambre https://twitter.com/vtolosapaz/status/1207489593353871361. Pocas veces en los últimos tiempos un tweet oficial desató una ola de indignación tan llamativa entre los seguidores de Fernández, que llenaron a Mindlin de insultos y a Tolosa de advertencias, siempre con el argumento de que las empresas de energía esquilmaron a la gente en los últimos cuatro años. Hay que reconocer, sin embargo, que Mindlin quedó identificado como un empresario del círculo macrista. Sobre todo desde que adquirió, para alivio de Angelo Calcaterra, la compañía Iecsa. No es el único al que apunta el kirchnerismo, sobre todo el más duro: en la fila sigue Alejandro Macfarlane, muy ligado al ex presidente. Macfarlane tiene fiscales severos entre el nuevo empresariado oficialista. El más molesto es Jorge Brito, antiguo amigo suyo.

• El problema inflacionario lleva al control de todos los precios. Entre ellos, el salario. El gobierno adoptó en este campo la misma lógica económica y, en especial, retórica, que con las jubilaciones. Así como se puso mucho énfasis en garantizar un aumento para las jubilaciones mínimas, disimulando que a las restantes se las someterá a un ajuste, se subraya que las paritarias tendrán un piso para beneficiar a los sectores más deteriorados. Pero ese piso viene acompañado de una sugerencia de moderación para el resto de la escala. En promedio lo que habrá es un recorte sobre el salario real, con aumentos que difícilmente compensarán a la inflación.

• Fernández cuenta, en principio, con la cooperación del sindicalismo privado, que acatará su indicación. El único enigma es Hugo Moyano, que está inquieto porque no le han concedido las porciones de poder que reclamaba, sobre todo en el Ministerio de Transporte. Por eso Moyano sigue sin cerrar la paritaria de Camioneros. El resto del gremialismo está alineado, aun con algunos disgustos. No sólo no le cedieron el Ministerio de Trabajo, que está ocupado por un amigo de Fernández como Claudio Moroni. Tampoco se le concedió la conducción de la Superintendencia de Salud, desde donde se regulan las obras sociales y prepagas. Ginés González García designó allí a su alter ego, Eugenio Zannarini, y postergó a la gerencia general a David Arruachán, a quien los sindicatos proponían como superintendente. Arruachán es el presidente de la obra social de UPCN, el sindicato que conduce Andrés “Centauro” Rodríguez. Arruachán contaba también con el respaldo de José Luis Lingeri, el sindicalista de Aysa, que controló ese sector con todos los gobiernos. La imposición de González García fue el desenlace de un conflicto que se generó alrededor de un artículo de la Ley de Solidaridad, la del ajuste fiscal, que permitía a la Superintendencia ignorar las medidas cautelares a favor de discapacitados que exigen la cobertura de transporte y escolaridad. Los sindicatos, que son en estos casos la punta de lanza también de las prepagas, habían colado ese artículo, que provocó la reacción del ministro. También en el sector Salud, entonces, se sigue el criterio de que las empresas absorban los costos, algo que allí viene sucediendo desde hace años.

• La repetición del modelo consagrado por Néstor Kirchner plantea algunos problemas. Uno de ellos es que, en 2003, Kirchner encontró la economía ya ajustada y en crecimiento. El otro, es que el espectacular ingreso fiscal de las retenciones a commodities de alto precio, le permitía a Kirchner una política exterior autónoma. Es natural: no tenía que financiarse ni con el mercado ni con el Fondo, al que le pagó la deuda por adelantado, en lo que fue una de sus medidas más discutibles. El contexto en el que opera Fernández es muy diverso. Tarde o temprano deberá llegar a un acuerdo con el Fondo, cuya negociación preliminar y discreta se realiza en la Secretaría del Tesoro. Esa negociación se producirá en un escenario todavía desconocido, pero cuya característica principal se puede presumir: una gran polarización alrededor de la tensión internacional que se ha desatado a partir de la eliminación del general Qasem Soleimani. Este conflicto va a resignificar la visión de Washington sobre el bloque bolivariano y todo lo que se le parezca. Si la posición de la Cancillería argentina sobre Venezuela y Bolivia ya planteaba disonancias con los Estados Unidos, el nuevo escenario vuelve a esa posición mucho más incómoda para la relación con la administración Trump. Maduro y Morales ya no son para Washington meros populistas: comienzan a ser, antes que nada, amigos de Irán. La lectura oficial sobre el acuerdo kirchnerista con Irán; las interpretaciones de la muerte del fiscal Alberto Nisman (tan sesgadas como las de la muerte de Santiago Maldonado); la incorporación y/o separación de Hezbollah de la lista de organizaciones terroristas; y, sobre todo, los votos de Argentina en la ONU, van a estar de un modo u otro inscriptos en este marco general. Esto será más marcado si, como se comienza a presumir, Irán mueve las piezas de tal manera de provocar el envío de fuerzas militares norteamericanas al terreno.

Estas forma de alineamiento se superpone con otra, que tiene como un polo también a Estados Unidos: la tensión con China. La embajada de ese país en Buenos Aires emitió este mensaje vía Twitter: “La protección de las #LibertadesCiviles y el respeto a la #Privacidad de cada individuo es nodal para garantizar un buen desarrollo de la tecnología #5G”. La utilización de insumos tecnológicos chinos comienza a ser un condicionante también para las empresas privadas de telecomunicaciones. 

• Este frente tecnológico/geopolítico se manifestó también en el emprendimiento chileno de tender con China un cable de fibra óptica a través del Pacífico. Estados Unidos vetó esa iniciativa, lo que obligó a Chile a recurrir a Japón. La idea es que ese tendido llegue a Brasil. Pero los brasileños de Jair Bolsonaro pusieron una condición: que no pase por la Argentina. Estas novedades constituyen desafíos relevantes para Felipe Solá, un canciller proveniente del personal político del PJ, lo que siempre supone un grado importante de pragmatismo. En este paisaje hay que recortar a otro funcionario: Gustavo Béliz. Apareció en la foto de la reunión de Fernández y Solá con Micheal Kokaz, del Departamento de Estado, y será quien encabece una próxima misión a China. Dada su experiencia de años en el BID, es evidente que Fernández pretende capitalizar el bagaje acumulado por Béliz en el campo internacional.

• Otro aspecto central del “ablande”, muy lógico, tiene que ver con el ensamblado de las relaciones entre funcionarios. Un caso típico de desajuste se verificó en la decisión de aumentar las naftas de YPF y, después, en la de anular ese aumento. El ministro de Producción, Matías Kulfas, responsable del área de Energía, no había sido consultado. El presidente de YPF, Guillermo Nielsen, reportó a Santiago Cafiero y a Guzmán. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, no fue convocada para cifrar en decretos esas resoluciones. Estas dificultades se advierten a diario en un gobierno en el que todavía no fueron designados de manera oficial muchos funcionarios del segundo escalón del gabinete. Por ejemplo, el secetario de Energía; o del Trabajo.